“En España, los retrasos en los pagos son tan severos que muchas pequeñas empresas ya se han declarado en bancarrota y están minando las operaciones comerciales normales basadas en el acuerdo de que los clientes pagarán sus facturas dentro de un plazo razonable de tiempo. Las peores infractores no son las pequeñas empresas privadas sino los gobiernos locales y regionales. Los organismos públicos españoles han sido criticados durante años por ser pagadores tardíos, y la crisis económica junto con el descenso de ingresos gubernamentales han incrementado en gran medida las demoras durante los últimos meses, afectando a sectores que van desde la construcción hasta el farmacéutico”.

“El gobierno ha intentado aliviar el problema a pesar de que las medidas adoptadas son difíciles de conciliar con el programa oficial de austeridad diseñado para reducir el déficit presupuestario español, del 11,2% del PIB el año pasado hasta el 3% que se espera para el año 2013. Los retrasos en los pagos empeoran cuando una economía cae y aumenta el déficit del sector público. Necesitando tanto el sector público cono el privado limitar su deuda pendiente para contribuir a restaurar la confianza internacional en España, no hay manera de resolver el problema del retraso en los pagos”.