“España no ha de ser necesariamente la próxima Grecia. El nivel de endeudamiento público es aún bajo. Los inversores extranjeros no tienen motivos inmediatos de preocupación, ya que el país puede cumplir con facilidad con sus obligaciones. Lo que tiene que suceder recae ahora en tres categorías. Primero, el sistema financiero debe ser reestructurado. Además de bancos de clase mundial, como el BBVA y el Santander, España tiene un gran número decajas menores e infracapitalizadas que no cotizan en Bolsa y que a menudo están bajo el control de jefes políticos. Muchas están expuestas a los 325.000 millones en euros de préstamos dudosos a promotores inmobiliarios que ahora están en los libros de los bancos. Para agravar el problema, el mal mantenimiento de los libros no está bajo control. Incluso estando el desempleo en alza y aumentando los impagos de deuda en los otros bancos, las cajas ha informado en varios trimestres de mejoras o estabilidad en las cifras de morosidad”.

  

Analistas de Credit Suisse cifran la ‘verdadera’ morosidad de los créditos en el doble del 5% que se sostiene en estos momentos. Aunque el Parlamento autorizó el pasado julio un fondo de hasta 100.000 millones de euros para la reestructuración bancaria, aún no se ha empleado. El problema se está manifestando como intratable debido a la poca disposición del Gobierno y del banco central a retar a las autoridades locales que controlan las cajas”.

 

 “Segundo, las cuentas públicas deben avanzar hacia la sostenibilidad. El Gobierno precisa recaudar 200.00 millones de euros en deuda bruta este año, incluyendo 100.000 millones de euros en nueva deuda neta para pagar el déficit de 2010. Un riesgo clave en este respecto es la reestructuración pendiente del sistema financiero, que, si cuesta los 100.000 millones de euros completos, llevará a la proporción deuda-PIB hacia el 80%. En los últimos meses, el Gobierno anunció para luego archivar o salir con evasivas medias como la congelación salarial del sector público e incrementos de los gravámenes. Algunas de las medidas anunciadas, como el recorte de los empleos públicos, no pueden ponerse en práctica sin la colaboración regional en un país donde sólo el 22% de los 2,7 millones de funcionarios trabajan para el Gobierno central. Aquí vuelve a haber un asunto clave: la descuidada descentralización del Estado”.

  

“Tercero, se precisan reformas estructurales, sobre todo la del mercado laboral, para incrementar la productividad. El mercado laboral ‘doble’ (gente con contrato fijo extremadamente protegida y gente con contrato temporal completamente flexible) ha limitado la posibilidad para los jóvenes de hallar trabajo con futuro. Por otro lado, la multitud de oportunidades en los sectores del turismo y de la construcción alentó en su día a quinceañeros a dejar en manada la escuela. Los patrones son reacios a proporcionar formación a los que cuentan con contratos temporales y el sistema de formación vocacional para los parados hace poco por mejorar su capacidad. El resultado es una mano de obra que no está sencillamente capacitada para una economía globalizada y basada en el conocimiento”.

 

“El Gobierno y el Banco de España han de afrontar la gravedad de la situación. La consolidación fiscal y la reforma estructural son las principales tareas para el primero, mientras que el segundo debe incrementar espectacularmente la transparencia del sistema financiero y emprender su reestructuración. Esas reformas podrían desatar al potencial del país. La alternativa son años de crecimiento anémico y de altas tasas de paro persistentes”.