Artículo para la Fundación Alternativas de Cesáreo Gutiérrez Espada Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Murcia y de María José Cervell Hortal Profesora Contratada Doctor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Murcia.

Como se afirmaba en las últimas Conclusiones del Consejo Europeo que mencionábamos líneas atrás, el nuevo Tratado de Lisboa permitirá a la Unión concentrarse plenamente en hacer frente a los nuevos desafíos. Finalizada la época de la construcción teórica ha llegado el momento de pasar a la acción y permitir que el Tratado se convierta en una realidad que consolide y perfeccione la Unión Europea.     

La entrada en vigor del Tratado de Lisboa (1 de diciembre de 2009) ha supuesto un soplo de aire fresco en una Unión Europea que parecía incapaz de salir del estancamiento al que algunos de sus Estados miembros la habían condenado en los meses (años, incluso) previos, con el riesgo de que la debilidad y la falta de consenso se hiciera presente más de lo debido.

Es difícil cerrar de manera definitiva un estudio sobre las consecuencias institucionales más relevantes que la puesta en marcha del Tratado de Lisboa supondrá en un momento como el actual, con varios frentes abiertos y una pluralidad de decisiones pendientes de tomar, pero el documento que ahora cerramos da cuenta, creemos, de las novedades que el Tratado supone y de los problemas que, casi con toda probabilidad, pronto emergerán y en cuya solución los Estados deberán poner todo su empeño.

Nuevos tiempos, pues, para la Unión Europea, pero también y sobre todo, nuevas herramientas institucionales y mecanismos de funcionamiento del sistema con los que poder afrontar los nuevos desafíos. El análisis en profundidad de la mayoría de ellos han encontrado el hueco que merecían en las páginas anteriores, pero si hubiéramos de destacar en estas reflexiones finales algunos por encima de las demás, serían tres los elegidos:

A) En primer lugar, el sistema institucional va a sufrir cambios nada desdeñables bajo el nuevo marco jurídico en vigor desde el 1 de diciembre de 2009. Aunque no podamos calificar al Tratado de Lisboa como revolucionario en este sentido, pues sigue en buena medida la estela del sistema vigente hasta hace escasos días, sí es cierto que los cambios introducidos parecen probar, para descontento de los europeístas más convencidos, que los líderes de la Unión han preferido, en la resolución de la tradicional dicotomía intergubernamentalización-comunitarización, decantarse por la primera. Así lo demuestran los cambios que sufrirá el Consejo Europeo, claramente beneficiado en sus prerrogativas por el Tratado de Lisboa, y el debilitamiento que se observa en el papel de la Comisión (Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad). se mueve. Parece que quiere además afianzarse en el panorama internacional con la mayor rapidez posible y, de hecho, el último Consejo Europeo, celebrado pocos días antes de que estas líneas se escribieran (10 y 11 de diciembre de 2009), encargaba de manera especial la rápida presentación de una propuesta sobre la organización y funcionamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior con vistas a su adopción antes de finales de abril de 2010.

B) En segundo lugar, los Parlamentos nacionales logran la aspiración que llevan años defendiendo: el incremento de su posibilidad de participar, aunque sea indirectamente, en el proceso legislativo (observancia del respeto del principio de subsidiariedad) y en otros aspectos del funcionamiento de la Unión, aunque equivale por un lado a una implicación más directa de los ciudadanos nacionales, de los que no en vano son su máxima expresión, ha supuesto también, en la línea de lo que indicábamos en el párrafo anterior, un sacrificio que beneficia, una vez más, a la intergubernamentalidad.

C) Podríamos reseñar, en tercer y último lugar, el paso (tímido, sí, pero paso al fin y al cabo) que el Tratado supone para la visibilidad de la Unión Europea de puertas afuera y que espera empezar a colmar las expectativas de consecución de una Unión más cercana a sus ciudadanos, con mayor presencia en terceros Estados y que vea incrementada su consideración de actor en las relaciones internacionales. Si la figura del Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad será la cabeza visible de esta vía que ahora se refuerza, el Servicio Europeo de Acción Exterior puede considerarse el instrumento que lo hará posible.

Sólo queda ahora esperar y permanecer atento, pues son muchas las fichas que deben comenzar a moverse. Los primeros pasos se han dado, y tanto el Presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton, han comenzado a desempeñar sus funciones con el empeño debido y apoyados por un amplio despliegue informativo, que ha permitido al ciudadano medio europeo ser consciente de que Europa se mueve.

Incrementar la presencia europea en la escena internacional es también uno de los objetivos que, según comparecencia del Presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ante el Congreso de los Diputados de 16 de diciembre de 2009, perseguirá la Presidencia española, que también impulsará (en palabras del propio Presidente en esa sede y como se puede leer en la web www.la-moncloa.es) el despliegue del Tratado de Lisboa, la recuperación de la economía europea y la mejora de los derechos y libertades de los europeos a través de las políticas de la Unión.