El pasado 30 de junio la presidencia española de la UE echó el telón. Probablemente la última oportunidad de nuestro país de aportar su impronta en la dirección del club de los 27 se ha esfumado sin pena ni gloria. Por ello convendría hacer balance de situación y, sobre todo, aprovechar la reflexión para definir con más claridad el papel que nos corresponde en el conjunto de la Unión y cómo debemos jugar nuestras bazas en el complejo institucional europeo.
Si bien es cierto que la presidencia del primer semestre del 2010 nació con dos condicionantes de base casi insalvables – la reforma de las instituciones recogida en el Tratado de Lisboa y la grave situación económica en la eurozona – también lo es que el conjunto de iniciativas planteadas por el Gobierno español (en total 148) no han estado a la altura de dichas necesidades.
Ha sido la primera vez que un presidente de turno ha trabajado codo con codo con un presidente permanente del Consejo de la UE. El tándem Zapatero – Van Rompuy, al que en terna un tanto estrafalaria se unía el presidente de la Comisión, Durao Barroso. No cabe duda que del trío a Zapatero le tocaba bailar con la más fea, dado que el nuevo presidente, un veterano e inteligente político belga, que ha empezado a dar muestras de su habilidad, está dotado de la “auctoritas” y de la “potestas” en la Unión.
Por otro lado, la irrupción dramática de los problemas de la economía griega y los riesgos que han supuesto para el euro, obligó a un protagonismo añadido por parte de la canciller alemana Angela Merkel y el presidente galo Nicolás Sarkozy. A todo ello ha de sumarse el fracasado intento para lograr que el presidente Obama acudiera a la Cumbre UE-EE.UU. y, en esa línea de frustraciones hay que sumar la suspensión de la cita euromediterránea prevista en Barcelona al incrementarse el clima de enfrentamiento árabe – israelí.
Un déficit de representación que podría haberse obviado si el balance de avances en las propuestas de políticas comunitarias fuera más positivo. Pero la realidad también en este capítulo resulta muy pobre. Demasiado acuciado por los problemas propios, el presidente Rodríguez Zapatero no logró acelerar los plazos del rescate griego, lo que habría reducido las tensiones de los últimos meses sobre la deuda española. Y tan solo en materia financiera se puede reconocer a la presidencia española el logro del alcanzar un borrador de acuerdo con Estados Unidos para el intercambio de datos bancarios.
En política exterior, el fracaso del impulso pretendido por la presidencia en la relación con América Latina puede resultar aun más crítico dada la trascendencia que para España y las empresas multinacionales españolas la región tiene. La Cumbre de Madrid apenas aportó nada al marco de relación global y consagró la bilateralidad como única fórmula para avanzar desde posiciones de los principales países, como es el caso de México y Brasil. Una Fundación UE-América Latina cuya sede con casi total seguridad se irá a Hamburgo, Milán o París y cuyo contenido duerme aún en el limbo de los justos, es el único pírrico éxito del Ejecutivo español.
Probablemente por esa escasa capacidad de representatividad, la nueva responsable de la política exterior de la Unión, la británica Catherine Ashton, especialista en el escaso plazo que lleva ocupando el cargo, en mantener malas relaciones con todas las instituciones europeas, nos regaló varios desplantes mayúsculos con ausencias tan relevantes como la Cumbre UE-Marruecos celebrada en Granada.
Y para cúmulo de despropósitos uno de los principales empeños de Zapatero, la euro-orden dirigida a proteger a las víctimas de la violencia de género más allá de las fronteras nacionales, salvo la mayoría del Parlamento pese a no contar con mayoría cualificada en el Consejo, lo que provocó el enfado de la Comisión. Su propia vicepresidenta, Viviane Reding, comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía llegó a afirmar que “España había utilizado a la UE como una mascota al servicio de los intereses temporales de la presidencia rotatoria”.
Ahora, ¿hacia dónde?
Pero más allá del prurito patrio deberíamos fijarnos en la posición global que España ocupa en la actualidad en la Unión y, sobre todo, ante la nueva situación económica que se está gestando y del marco institucional consagrado en el Tratado de Lisboa cuál debe ser la “estrategia país” a adoptar.
España ha protagonizado, en términos generales, un recorrido histórico dentro de la Unión con reconocimiento del éxito alcanzado. Su incorporación a las instituciones fue modélica, el incremento de la riqueza y el desarrollo producido en el país fruto de la utilización de los fondos comunitarios, también ha sido ejemplar. En toda esta trayectoria el proyecto europeo de España estaba claramente definido, no solo como eje fundamental de la política de Estado, sino también en su faceta táctica, es decir, quiénes debían ser nuestros compañeros de viaje, los países socios de referencia con los que contar en el complicado juego de las mayorías europeas.
Hoy el proyecto está desdibujado por no decir errado. Inmersos en la confusión que la crisis económica produce, es Bruselas y los principales mandatarios europeos, acuciados por los movimientos especulativos de los mercados, quienes nos dictan las políticas incluso nacionales que debemos poner en marcha. Retomar el pulso de nuestra política es una necesidad imperiosa si queremos recobrar nuestra credibilidad y la confianza de nuestros socios europeos.
La desaparición del derecho de veto, el sustancial refuerzo del papel legislativo del Parlamento Europeo, la capacidad decisoria más ágil y efectiva del Consejo son cambios tan profundos en la Unión que obligan a un replanteamiento del papel que debemos jugar en Europa. Algo, una vez más, para lo que tampoco ha servido la presidencia española, no hemos sabido servirnos de la ocasión para procurar a los españoles el marco para debatir serenamente sobre el camino a tomar en esta nueva y acelerada fase de transformación que afronta la UE.
De la misma forma debemos replantearnos nuestra tradicional política con América Latina, una región que demuestra su capacidad de crecimiento y su deseo de incorporarse a las grandes decisiones internacionales. No podemos seguir manteniendo el esquema de relación con la “madre patria” cuando los intereses latinoamericanos se centran el posibilidades que les ofrece el gran mercado europeo. O somos capaces de serles útiles en la relación con la UE o perderemos el peso de la historia y nuestras empresas perderán también posición en la región. Debemos hacer política con la doble mirada, para nosotros solo puede existir la visión EUROLAT (Europa – Latinoamérica) de Europa.
Al menos en estos meses todos hemos tomado, conciencia de la trascendencia de lo que se decide en Bruselas: la cesión de soberanía ya no es un concepto sino una realidad cotidiana que a todos nos afecta. Desde esa perspectiva deberíamos afrontar todo un cambio de mentalidad en España, educativo profundo, donde de verdad dejemos de ser los más europtimistas o los más euroescépticos según el viento que nos viene de la capital europea, y seamos sencillamente europeos.