El punto más polémico del Consejo de Justicia de la UE, celebrado en Luxemburgo, ha sido el debate sobre la euro-orden de protección europea para las víctimas de violencia de género o maltrato, una de las máximas prioridades de la Presidencia española.

Ante la falta de apoyos, Francisco Caamaño, ministro español de Justicia, ha omitido votar la propuesta de directiva y ha pasado el texto a la Eurocámara, para que allí sea mejorada y eventualmente aprobada.

La Comisión Europea y varios Estados miembros se oponen a la propuesta de la Presidencia española, al considerar que no tiene la base jurídica adecuada. Así lo ha señalado a su llegada a la reunión Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, ministra alemana de Justicia: Hay desacuerdo sobre el texto presentado por la Presidencia, carece de base jurídica.

El objetivo de la iniciativa es asegurar que si un Estado miembro expide una orden de protección de una víctima de un crimen, principalmente violencia de género, otro país de la UE pueda reconocer automáticamente y ejecutarla, de acuerdo con su legislación nacional, por ejemplo, imponiendo el alejamiento de su víctima a un maltratador.

Uno de los problemas es que las órdenes de protección en algunos países se deciden por la vía penal, en otros, por la civil, y en otros por procedimiento mixto. Esto dificulta el establecimiento de un marco legislativo común.

Rifirrafes

La euro-orden de protección de víctimas ha sido objeto de una fuerte oposición entre Caamaño y Viviane Reding, comisaria europea de Justicia. Ambos mostraron ya sus tensiones al respecto en una rueda de prensa en abril, y hoy han vuelto a quedar patentes.

En el debate público mantenido esta mañana por los ministros de Justicia, Reding ha señalado que la base jurídica presentada por la Presidencia es un error manifiesto. Caamaño ha respondido expresando su sorpresa por que una duda de forma bloquee un proyecto sobre el que existe un consenso de fondo: la necesidad de proteger eficazmente a las víctimas de malos tratos.

Aunque ha habido críticas a la iniciativa de la Presidencia, también ha habido halagos. El eurodiputado español Juan Fernando López Aguilar, presidente de la comisión de libertades públicas de la Eurocámara, ha señalado que la Presidencia de la UE ha hecho un gran trabajo en el proceso para que la euro-orden de protección siga adelante.

Europa debe ser un espacio en el que los ciudadanos y ciudadanas puedan disfrutar de sus derechos y libertades, en el que la lucha contra el crimen y la protección de las víctimas del delito sea un prioridad básica, ha afirmado en un comunicado.

Derechos procesales

Por otra parte, los ministros de Justicia han llegado a un acuerdo sobre la propuesta de directiva que asegurará que las personas sospechosas o detenidas dispongan de traducción e interpretación en su lengua durante los procedimientos penales en su contra.

Los Veintisiete han confirmado el pacto alcanzado la semana pasada por el Comité e Representantes Permanentes de los Estados miembros (COREPER). El texto había sido previamente negociado por el Consejo, la Eurocámara y el Parlamento Europeo.

El Consejo espera alcanzar ahora un acuerdo en primera lectura con el Parlamento en las próximas semanas, lo que permitirá la entrada en vigor de la directiva, que deberá ser transpuesta a la legislación nacional por los Estados miembros.

La normativa -que responde a una iniciativa de España, Bélgica, Alemania, Estonia, Francia, Italia, Luxemburgo, Hungría, Austria, Portugal, Rumanía, Finlandia y Suecia- está destinada a asegurar que una persona sospechosa o acusada y que no entiende el idioma del proceso penal, tenga derecho a servicios de traducción e interpretación a su lengua.

En particular, durante todo el proceso, desde los interrogatorios policiales hasta el final del juicio, dispondrá de una persona que le interpretará lo que se diga.

También se le proporcionará una traducción escrita de todos los documentos necesarios para que se pueda defender eficazmente.

En la rueda de prensa posterior a la reunión, Reding ha calificado esta decisión de histórica, al tratarse de la primera directiva comunitaria en materia de derecho penal.

Primera cooperación reforzada

Por otra parte, el Consejo ha llegado a un acuerdo de orientación general sobre la que será la primera cooperación reforzada en la historia de la UE. Este mecanismo permite una cooperación más estrecha entre algunos Estados miembros que desean profundizar la construcción europea, mientras que otros se mantienen al margen.

El acuerdo de hoy se refiere a aspectos clave de la nueva normativa que, una vez entre en vigor, permitirá a las parejas transnacionales que se quieran separar o divorciar escoger la legislación nacional que se aplicará al proceso. Más concretamente, los matrimonios con cónyuges de diferentes nacionalidades, aquellos que residan en países distintos o aquellos que vivan fuera de su país, podrán escoger la legislación marital que se aplicará en su proceso.

Esta cooperación reforzada ha sido solicitada por 12 países, entre los que se halla España, y finalmente hoy se han unido 14 en total. Otros Estados miembros estudian la posibilidad de subirse al carro. Según la Comisión Europea, esta normativa aportará seguridad jurídica a los más de 13 millones de matrimonios transnacionales en la UE, el 13% del total.

Fuente: AquiEuropa