Al elegir esta prioridad, la Presidencia española pretende situar la equidad en salud en las agendas políticas nacionales y europea, en un momento de mayor conciencia sobre el coste social y económico de las desigualdades en salud y de sus repercusiones en el bienestar y desarrollo de los países.

Ello requiere, según fuentes del Ministerio español, actuar sobre los determinantes sociales y económicos de la salud desde una perspectiva intersectorial y con el compromiso político de todas las áreas de gobierno y la participación ciudadana. 

Como primer paso, la Presidencia española propone ampliar los sistemas de monitorización y vigilancia en materia de salud pública, no sólo como indicadores predictivos sino también para lograr una mejor gestión de la información a corto y medio plazo, que permita una toma de decisiones políticas adecuada.

En los países de la UE existen diferencias en el nivel de monitorización y evaluación de las políticas, y la falta de información adecuada y oportuna supone un obstáculo para la acción en salud pública. De ahí la necesidad de desarrollar indicadores y sistemas de información homogéneos que permitan la comparación entre países.

Además, señalan fuentes del Ministerio, en el propio sistema sanitario existe un margen de mejora si se redistribuyen las oportunidades en salud, basando la provisión de servicios en las necesidades de atención de los distintos sectores sociales y no en la demanda.