Ante un exaltado Congreso, el inquilino de la Moncloa ha desvelado un nuevo paquete de ajustes de 65.000 millones de euros en dos años encaminado a reducir el déficit y cumplir con las exigencias de la UE.

Los ajustes afectan a los impuestos, que suben. El incremento del IVA general del 18% al 21%, y el reducido del 8% al 10%, es una de las más espectaculares. Para compensar esto, se reducen las cotizaciones sociales de las empresas, que caerán un punto en 2013 y otro en 2014. Además, se eliminará la deducción fiscal por compra de vivienda.

Estas medidas van en línea con las recomendaciones de Bruselas, que en mayo pidió a España que reorientara la presión fiscal “desde el trabajo hacia el consumo y las actividades perjudiciales para el medio ambiente”.

Los desempleados también van a sufrir el tajo de Rajoy. La prestación por desempleo se bajará del 60% al 50% de la base reguladora a partir del sexto mes de percepción. Con ello se pretende incentivar la búsqueda de empleo.

Amplios cambios administrativos

El presidente ha anunciado una profunda reforma de la Administración Pública para “primar la austeridad, lograr mayor eficiencia y evitar duplicidades”. En el nivel local se reducirá un 30% el número de concejales y se homogeneizará la retribución de los alcaldes. También habrá una drástica reducción -e incluso eliminación- de empresas públicas. “Analizando las funciones que, hasta ahora, venían siendo desempeñadas por estas empresas, nos encontramos en multitud de ocasiones duplicaciones e incluso triplicaciones de servicios, lo que conlleva un evidente despilfarro del gasto público y grandes ineficiencias”, ha advertido en su comparecencia.

La función pública va a ser reformada de pies a cabeza. Desde el inicio de la crisis económica en 2007, se han destruido en el sector privado más de 2.900.000 empleos, mientras que en el sector público, el número de empleados ha crecido en 289.000 personas.

Con el fin de reducir los gastos asociados a este sector, se va a reducir el número de días de libre disposición de los funcionarios, se va adaptar el número de liberados sindicales a lo dispuesto estrictamente en la ley, se equipararán las condiciones en situación de incapacidad temporal a las del resto de trabajadores y se fomentará la movilidad.

Dada la situación de “extraordinaria” gravedad de la economía, el presidente ha anunciado que se quitará la segunda paga extra, la de Navidad, a los empleados y altos cargos públicos de la Administración local, regional y central. Además, ha pedido que la misma medida se aplique a diputados y senadores.

Rajoy ha justificado estas medidas en la compleja situación que atraviesa el país. “Estamos en un círculo vicioso insoportable del que necesitamos salir cuanto antes”.

En su intervención, ha reconocido que está incumpliendo sus promesas electorales. “Dije que bajaría los impuestos y los estoy subiendo, pero han cambiado las circunstancias y me adapto a ellas”.

Reacciones

Los mercados han acogido favorablemente los anuncios de Rajoy. El Ibex 35 está en verde y la prima de riesgo se ha enfriado por debajo de los 530 puntos.

La Comisión Europea también está satisfecha. Considera que estas medidas son “un paso en la buena dirección para asegurar el cumplimiento de los objetivos fiscales de este año”, según ha destacado hoy en rueda de prensa Simon O’Connor, portavoz comunitario de Asuntos Económicos y Monetarios. No obstante, ha declinado hacer comentarios sobre acciones específicas, ya que la institución aún está pendiente de analizarlas en detalle.

El anuncio de Rajoy se produce justo un día después de que el Consejo de la UE diera a España un año más de plazo, hasta 2014, para situar los números rojos de las arcas públicas por debajo del 3%. O’Connor ha alabado la “determinación” del Gobierno, que ha actuado con rapidez.

El portavoz también se ha pronunciado sobre el rescate bancario español. En respuesta a preguntas de los periodistas, ha explicado que el sector privado deberá asumir parte de las pérdidas derivadas de las reestructuraciones bancarias, para evitar que los contribuyentes “sufran una carga excesiva”. Quedarán a salvo los ahorradores que tienen depósitos en las entidades así como los titulares ‘senior’ de bonos de los bancos rescatados, es decir, aquellos cuya inversión está más protegida.

En cambio, sí que estarán sujetos a pérdidas los inversores en participaciones preferentes de las instituciones financieras, entre los que hay muchos pequeños ahorradores. Estos productos complejos son un híbrido entre la renta fija y las acciones. Son de carácter perpetuo, es decir, no tienen fecha de vencimiento. Por tanto, para recuperar el dinero es necesario ponerlo a la venta y esperar a que alguien lo compre al precio que dicte el mercado secundario, que puede ser muy inferior al capital inicial aportado.

Estos activos son objeto de gran polémica, ya que los bancos las vendían como un instrumento de alta rentabilidad y escaso riesgo. Fue así en épocas de vacas gordas, pero con la crisis el interés ofrecido se ha visto ampliamente mermado y los que han intentado venderlas han perdido dinero. Además, las participaciones preferentes no están protegidas por el Fondo de Garantía de Depósitos, lo que implica que en caso de quiebra de la entidad, la inversión se esfuma.