Brufau comentó que  somos una compañía española y a lo mejor hay ganas de bronca y recordó que “todos los Estados tiene derecho a expropiar, pero a pagar también el precio justo.

Además ha señalado que con este mecanismo, el Gobierno pretende tomar el control de YPF sin formular una oferta pública de adquisición de acciones por el 100% por la que viene obligado por ley y por los estatutos de YPF, como compromiso como garantía a los inversores a los que quería cautivar.

Por tanto exigirá a Argentina un resarcimiento por daños y perjuicios, y presentará demandas que van de lo contencioso administrativo a reclamaciones ante los mercados de valores y los tribunales internacionales de arbitraje.

Para Brufau  no está justificada la medida desde el punto de vista de la utilidad pública y resulta inadmisible tachar la política de YPF de cortoplacista y reductora de reservas, afirmó, antes de señalar que la motivación podría ser las ganas de bronca debido al origen español de Repsol.