Tras una investigación exhaustiva, la Comisión concluyó que ningún inversor privado habría aceptado invertir en las mismas condiciones y que la financiación pública falsea de forma masiva la competencia entre los principales estudios de cine europeos.

En palabras de Joaquín Almunia, Vicepresidente de la Comisión, responsable de la política de competencia: «El sector cinematográfico español es dinámico y competitivo. Además de que no hay ninguna necesidad de destinar dinero público a la financiación de un nuevo operador, se penaliza, por encima de todo, a los operadores existentes y a los nuevos operadores potenciales, que han de actuar sin financiación estatal. En el actual clima económico, las consecuencias pueden ser desastrosas.»

En 2008 y a raíz de varias denuncias, la Comisión abrió una investigación en profundidad sobre la financiación de los estudios cinematográficos Ciudad de la luz por parte de la Generalitat Valenciana. Basándose en el plan de negocio inicial, las autoridades españolas consideraron que la ayuda pública no entraba en el ámbito de aplicación de las normas de la UE en materia de ayudas estatales, ya que un inversor privado habría invertido en las mismas condiciones.

La investigación de la Comisión ha llegado a la conclusión de que el mercado europeo de los grandes estudios cinematográficos no solo es muy competitivo, sino que lo es cada vez más a raíz de la adhesión de 12 nuevos Estados miembros a la UE en 2004 y en 2007 y la creación de nuevos estudios de gran tamaño. La Comisión albergaba serias dudas de que, en este entorno competitivo, la decisión de invertir en un proyecto totalmente nuevo al margen de los grandes centros de actividad audiovisual como Madrid y Barcelona pudiera ser consecuencia de consideraciones comerciales. Esta impresión se vio corroborada por las reacciones recibidas a raíz de la solicitud de observaciones realizada por la Comisión a propósito de la medida.

Tanto la evaluación económica en profundidad realizada por la Comisión como un informe externo independiente del plan de negocio concluyeron que, sobre la base de este último, un inversor privado no habría financiado al 100 % Ciudad de la Luz.

Por lo tanto, la inversión constituye ayuda estatal con arreglo a las normas de la UE. La ayuda puede ser considerada compatible si persigue un objetivo de interés común europeo, como el desarrollo regional, económico o cultural. Sin embargo, las autoridades españolas no han acreditado que los beneficios del proyecto para el desarrollo regional superen el falseamiento de la competencia derivado de la elevada cuantía de la financiación pública. Es evidente que en la UE ya hay varios estudios de cine y que existe un cierto riesgo de exceso de capacidad, que se ha visto agravado por la construcción de Ciudad de la Luz, financiada con fondos públicos.

Antecedentes

Las inversiones realizadas por las autoridades públicas en empresas que realizan actividades económicas se ajustan a las normas de la UE en materia de ayudas estatales si se hacen en condiciones que pueda aceptar un inversor privado que opere en condiciones de mercado (principio del inversor en una economía de mercado, PIEM).

En 2000, la Generalitat Valenciana decidió invertir en el proyecto Ciudad de la Luz, que incluye la construcción, gestión y explotación de instalaciones audiovisuales y cinematográficas. El complejo inició sus actividades en agosto de 2005. En su plan de negocio de 2000, el objetivo de Ciudad de la Luz era convertirse en el segundo mayor complejo de estudios cinematográficos de Europa en términos de capacidad y atraer cada año varias producciones cinematográficas españolas e internacionales.

En la práctica, no se han logrado los objetivos nacionales e internacionales. De las 33 películas rodadas en Ciudad de la Luz entre 2005 y 2009, 28 fueron españolas y 5 coproducciones de la UE. Como consecuencia, hasta la fecha la explotación comercial de Ciudad de la Luz ha sido cada vez más deficitaria.

Los activos del complejo son propiedad de Ciudad de la Luz SAU, que a su vez pertenece en su totalidad a la Generalitat Valenciana a través de «Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana». En 2007, la Comisión recibió denuncias sobre la financiación pública de Ciudad de la Luz presentadas por empresas no relacionadas de dos Estados miembros diferentes.