Los funcionarios helenos verán sus nóminas reducidas hasta en un 40% y el impuesto sobre los bienes inmuebles se extenderá al menos hasta 2014. Estaba previsto que caducara el año que viene.

Con estas medidas, Atenas pretende dejar claro a la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el FMI que va hacer los ajustes necesarios para alcanzar sus objetivos de reducción de déficit. Esta es la condición sine qua non para que se liberen los 8.000 millones de euros correspondientes al sexto tramo del primer rescate heleno.

El Gobierno griego y la troika han estado esta semana en contacto para intentar aprobar el desembolso de los fondos, pero hasta el momento no han llegado a un entendimiento.

Anoche, el Ejecutivo comunitario señaló en un comunicado que las conversaciones de estos días han servido para hacer avances, pero que la evaluación debe continuar. Los representantes del FMI y la Unión tienen previsto viajar a principios de la semana que viene a Atenas para reanudar los trabajos con vistas a liberar los fondos que eviten la quiebra.

Pedro Passos Coelho, primer ministro luso, ha afirmado hoy en una entrevista con la cadena de televisión pública RTP1 que si la república helena entrara en bancarrota, su país podría precisar un segundo rescate, por lo que el Gobierno debe estar preparado para esa posibilidad.

“Es importante que en ese escenario, el resto de países europeos y el FMI crean que vale la pena apoyar a Portugal”, ha declarado. Esto hace necesario, según el mandatario, que el país cumpla e incluso supere los objetivos de saneamiento de las cuentas estatales y de reformas estructurales acordados con la UE y el Fondo.

Apoyos al crecimiento

Pero no todo son tijeretazos y austeridad. Johannes Hahn, comisario europeo de Política Regional, ha consensuado hoy con las autoridades de Grecia un plan para ayudar al país a usar de forma eficiente los fondos comunitarios.

En un seminario con representantes del Ejecutivo y de las regiones, se ha identificado una lista de un centenar de proyectos, con potencial de impulsar la economía y el empleo, que serán prioritarios en lo que a absorción de capital europeo se refiere. Esos proyectos –que cubrirán áreas como el transporte, la energía y la innovación– deberán estar en marcha antes de que acabe el año.

A su vez, los participantes en el encuentro han acordado que se pondrán manos a la obra para reducir las barreras burocráticas a la hora de poner en marcha los proyectos financiados por la UE. Uno de los objetivos es simplificar los procedimientos para otorgar permisos medioambientales.

Michalis Chrysochoidis, ministro griego de Desarrollo Regional, ha resumido el nuevo enfoque con una metáfora: “Hay que luchar contra el monstruo burocrático construido a lo largo de los años en torno a los fondos comunitarios”.

Alemania, principal contribuyente de los rescates de Grecia y de otros países de la Eurozona, va a establecer en su Parlamento una subcomisión específica dedicada a abordar de forma rápida las decisiones sobre la crisis de la unión monetaria. Esta novedad resulta de una reciente sentencia del Tribunal Constitucional que establece que el Bundestag debe estar más implicado en la aprobación de los planes de salvamento financieros.

Con ello se pretende facilitar el voto del 29 de septiembre sobre la ampliación y flexibilización de la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera, el fondo de rescate con el que cuenta actualmente la zona euro. La subcomisión tendrá potestad de pronunciarse en nombre del Parlamento.

Las Bolsas europeas han vivido un día de caídas, tras conocerse que la aprobación de las ayudas inmediatas para Grecia sigue sin aprobarse. El Ibex 35, el índice español más representativo, ha caído un 1,8%. Los mercados esperan con ansia la reunión de la Reserva Federal estadounidense, que podría aprobar nuevos estímulos monetarios.

Peligros para la banca

La crisis de deuda soberana está haciendo mella en los bancos europeos, según un informe del FMI, que identifica a las entidades de Portugal, Irlanda, Grecia, España, Bélgica e Italia como las más vulnerables.

El informe destaca que el coste de la crisis de deuda en las entidades de la Eurozona asciende a 300.000 millones de euros. De ellos, 100.000 millones corresponden a los riesgos del mercado interbancario.

En este contexto, el BCE ha adoptado hoy medidas para facilitar la financiación de la banca, ampliando el tipo de activos que acepta como garantía para prestarles dinero. Asimismo, el instituto emisor ha prestado 500 millones de euros en dólares a una entidad de la zona euro, de la que no ha trascendido el nombre, para ayudarle a hacer frente a sus problemas de financiación.