Joaquín Almunia aún no ha sido informado de ninguna decisión sobre Bankia. “En la medida en que no se conoce, es difícil que me la hayan notificado”.

No obstante, Luis de Guindos, ministro de Economía, le ha transmitido recientemente la voluntad del Gobierno de trabajar “de la manera más estrecha posible” con los servicios de la Comisión para tomar medidas sobre el sector bancario.

El comisario se ha mostrado dispuesto a colaborar para que todo lo que se tenga que analizar y decidir en la nueva fase de la reestructuración del sistema bancario español “se realice en las mejores condiciones posibles y se puedan tomar decisiones definitivas en los plazos más cortos posibles”.

Preguntado en rueda de prensa sobre el posible rescate del Gobierno a la entidad bancaria, ha recordado que en el caso de que Bankia recibiera apoyo estatal para sobrevivir, debería presentar a Bruselas un plan de reestructuración que garantizase el respeto de las normas comunitarias de competencia.

“Si, como parece, va a recibir ayudas públicas”, ha explicado Almunia, hará falta presentar “un plan de reestructuración para poder aprobar la ayuda”. Dicho plan deberá garantizar la “viabilidad del modelo de negocio, el reparto adecuado de las cargas y esfuerzos y la eliminación de las distorsiones de competencia”.

Bankia ya recibió recibió una aportación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que fue notificada a Bruselas. En este sentido, Almunia ha recalcado que respetó las exigencias comunitarias ya que no se requería una aprobación formal de la Comisión, porque “la ayuda no superaba el 2% de los activos ponderados por riesgo”.

Pero ahora la regla ha cambiado porque “ya no hay un nivel máximo o mínimo”. El comisario ha incidido en que a partir de enero de 2011, “cualquier ayuda pública –sea en términos de avales y garantías, en términos de aportación de capital en diferentes fórmulas o en cualquier otro término de aseguramiento de activos tóxicos- requiere la presentación de un plan de reestructuración”.

Modernización de las ayudas de Estado

El comisario se ha pronunciado en estos términos en la presentación de una comunicación, paso previo a la propuesta legislativa, para modernizar el control de las ayudas estatales. Con ello, se quiere establecer una estrategia “amplia y de calado” con el fin de impulsar el crecimiento, aprovechando “al máximo” el dinero de los contribuyentes.

A su juicio, es “necesario” el apoyo a las empresas “siempre que la ayuda sea eficaz y responda a lagunas del mercado”. Estos subsidios, ha proseguido, pueden apoyar la investigación y la innovación, facilitar el acceso a la financiación para las PYME, atender a la estrategia contra el cambio climático y dirigir la inversión hacia las regiones más pobres.

De esta forma, el Ejecutivo comunitario pretende reorientar las normas comunitarias en la materia, de forma que las ayudas de Estado aporten un valor añadido a la economía europea.

Según Almunia, “hay que desalentar la ayuda mala que distorsiona la competencia y que no supone un valor añadido real. Una mala ayuda estatal significa desperdiciar dinero de los contribuyentes y eso no nos lo podemos permitir bajo ninguna circunstancia, particularmente en tiempos de crisis”.

 En ese sentido, las ayudas a empresas inviables puede ser un “pozo sin fondo” para la economía, que acaba por convertirse en dinero gratis para esas empresas, ha apuntado.

Por ello, quiere modificar el enfoque de la política de control “caso a caso” a una más estructural para ayudar a los Estados “en igualdad de condiciones” y evitar así una carrera “en pos de las ayudas”.

La Comisión Europea revisará hasta finales de 2013 las directrices sectoriales que se aplican al control de las ayudas estatales para incorporarlos en los objetivos en la estrategia Europa 2020 y “hacerlas casar mejor” con el marco financiero plurianual 2014-2020.

En concreto, revisará las directrices regionales, de medio ambiente, de capital riesgo, investigación, innovación y desarrollo, y de banda ancha. En paralelo, analizará las de reestructuración y rescate de empresas, tanto las financieras como las que no pertenecen al sector.

Asimismo, se pretende simplificar el análisis de los casos que tengan un impacto poco significativo en el comercio interior.