La Junta, creada para alertar de los peligros que acechen al conjunto del sistema financiero (escala macro), comenzó hace unas semanas. Todavía es una institución en ciernes, por lo que Trichet sólo ha podido ofrecer hoy un primer esbozo de sus futuras líneas de trabajo.

Uno de los puntos de atención será los aprietos de las deudas públicas de los Estados miembros, ya que son un elemento "con implicaciones sistémicas". Prueba de ello son las crisis que padecen Grecia e Irlanda, y en menor medida Portugal y España, que han puesto en jaque la estabilidad de la zona euro.

Íntimamente ligadas a estos problemas están las deficiencias del gobierno económico en la UE. Por ello, Trichet ha expresado su deseo de que las propuestas encaminadas a reforzarla lleguen a buen puerto. "Muchas de las dificultades que ahora sufrimos se deben a las insuficiencias en materia de gobernanza", ha aseverado.

En esta línea, el presidente ha reiterado la necesidad de que los países con problemas en sus cuentas pongan en marcha los programas de ajuste a los que se han comprometido.

La Junta acaba de empezar su camino y todavía tiene que definir, incluso, los métodos que va a utilizar para cumplir su cometido: identificar los riesgos que se ciernan sobre el sistema financiero para, en caso necesario, emitir recomendaciones no vinculantes a los Estados miembros en peligro para que tomen medidas adecuadas.

El organismo va a publicar mañana en el Diario Oficial de la UE una oferta de búsqueda el fin de contar con profesionales expertos en la materia que ayuden a desarrollar estas directrices.

Nuevo sistema

La Junta es uno de los pilares de la nueva arquitectura de supervisión de la UE, creada en respuesta a la crisis financiera internacional que estalló en 2008 a raíz de la caída del banco estadounidense Lehman Brothers. La renovación de la estructura se hizo necesaria al haber quedado claro que las instituciones europeas existentes hasta la fecha no fueron capaces de vislumbrar el desaguisado que se avecinaba.

El sistema, que entró en funcionamiento el 1 de enero, se completa con tres nuevas autoridades europeas de vigilancia a escala microprudencial -una para la banca, otra para los valores y una tercera para los seguros- que no sustituyen a sus homólogas nacionales, sino que las coordinan. En caso de que haya conflicto entre los organismos de los Estados miembros que entiendan de un caso transnacional, la autoridad europea tendrá poderes vinculantes para solventarlas, y también para prohibir productos financieros de riesgo.

También podrán dar directrices directamente a las entidades financieras en caso de que los controladores nacionales fracasen en la aplicación de las reglas comunitarias.