En concreto, el Ejecutivo comunitario quiere que España pague, por una parte, una sanción de más de 236.044 euros por cada día transcurrido desde la fecha de la resolución del Tribunal hasta que termine la infracción.

Por otra, quiere imponerle una penalización de 25.817 euros por cada día que ha pasado desde que el Tribunal dictara sentencia por primera vez en 2006 exigiendo a España la recuperación de la totalidad de las ayudas, y la segunda resolución que se espera ahora.

Esta multa, que podría superar los 50 millones de euros, pretende servir de incentivo para asegurar la devolución de las ayudas ilegales por parte de los beneficiarios, según la Comisión.

Bruselas detectó en 2001 la incompatibilidad de estas 'vacaciones fiscales' con el Mercado Interior europeo. Las ayudas tomaron la forma de créditos sobre las inversiones en las tres provincias vascas, y de exenciones fiscales para las compañías de creación reciente concedidas en esos territorios y también en la Comunidad Autónoma de Navarra. Los apoyos ilegales fueron otorgados por las diputaciones vascas pero financiados con los recursos del Gobierno central, según apuntó la Comisión en su día.

España no es el único país en el punto de mira de Bruselas por este tipo de infracciones. El pasado 28 de octubre decidió enviar a Italia al Tribunal por no haber recuperado la ayuda de Estado ilegal concedida a varias empresas con capital público mayoritario.

El lehendakari Patxi López, jefe del Ejecutivo vasco, ha emplazado a esperar a que se conozca el fallo del Tribunal sobre las mal llamadas vacaciones fiscales y ha indicado que el Gobierno vasco y las diputaciones trabajan para evitar que ninguna empresa vasca cierre como consecuencia de la aplicación de la sentencia, según recoge Efe.