La “Propuesta española sobre una Europa digital” establece cinco grandes ejes de actuación: las infraestructuras; el uso avanzado de Internet; la carta europea de derechos de los usuarios; el desarrollo de servicios y contenidos digitales, y el fortalecimiento del sector de las tecnologías de la información.  

La intención es buscar el desarrollo de las redes de nueva generación, así como fórmulas para animar las inversiones necesarias de los operadores privados.

La Presidencia española es de la opinión de que Europa debe dotarse de una red de infraestructuras “en condiciones”, lo que implicará inversiones de importancia que en gran parte efectuarán las propias operadoras, según Ros. 

A juicio del secretario de Estado, el desarrollo de nuevas redes y servicios de telecomunicaciones puede fomentarse desde los poderes públicos a través de acciones como el reparto de nuevas frecuencias entre los operadores privados.

Así, en las zonas donde no llega la inversión de las compañías por estar poco pobladas o ser de orografía complicada debería invertirse dinero público o pagarse “en especie”, dijo Ros.

“Esta aportación pública podrá realizarse de forma directa o indirecta a través de espectro. En los concursos para el reparto del espectro se valorará tanto la aportación económica como los compromisos de cobertura que realicen los operadores”. 

La propuesta ha sido distribuida a los demás gobiernos de la UE, y será debatida en Granada para incorporar nuevos puntos de vista, con el consenso de la Comisión Europea, de manera que sirva de base para el Consejo formal que se celebrará en Bruselas el 31 de mayo próximo.
 

Además, el secretario de Estado insistió en que durante la reunión España no planteará medidas regulatorias para que los buscadores paguen a las operadoras, la llamada “tasa Google”. 

Según Ros, en un sector que va tan rápido como el de las telecomunicaciones, es un error intentar establecer una reglamentación detallada con carácter previo (ex ante). 

“Hay que ir a una regulación posterior (ex post), y dejar margen a las operadoras para llegar a los equilibrios comerciales adecuados”, aunque siempre vigilando para evitar prácticas abusivas, dijo Ros.

Las pautas que se establezcan en Granada servirán como base para la estrategia del próximo quinquenio, que tendrá un reflejo en la estrategia “Europa 2020”, y que serán además una continuación de la Declaración de Lisboa que cumple su plazo este año.