En medio de la controversia sobre la situación de los gitanos, Béligh Nabli, director de investigación de IRIS (Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas de Francia),pide una actualización sobre la legislación de la UE en el ámbito de la libre circulación de personas.

La Comisión parece dudar de la conformidad de la política francesa con respecto a los gitanos con el principio de libre circulación de personas. ¿Cuáles son las excepciones a este principio en la UE?

La libre circulación de personas dentro de la Unión Europea es una de las libertades fundamentales de los ciudadanos europeos en virtud del tratado de la Unión Europea y la Directiva de 29 de abril de 2004. Sin embargo, el alcance de esta libertad no es absoluta. Por lo tanto, los Estados miembros podrán adoptar las medidas necesarias para denegar, cancelar o retirar cualquier derecho conferido por esta disposición por el abuso de derecho o fraude, como los matrimonios de conveniencia.
 
De hecho, ambas situaciones se diferencian. En primer lugar, para estancias de menos de tres meses, todos los ciudadanos de la UE tienen el derecho a la libre circulación y residencia, sin ninguna condición o formalidad, excepto posesión de un carné nacional de identidad o pasaporte válido y con sujeción únicamente a la opinión pública. Este derecho, sin embargo, no constituye una carga excesiva para la asistencia social del Estado miembro de acogida.
 
Luego de permanecer más de tres meses, el derecho a la libre circulación y residencia de ciudadanos de la UE en el territorio de otro Estado miembro tiene tipos de límites: el derecho a la permanencia puede retirarse si el comportamiento de los ciudadanos la UE es una amenaza para el orden público y los derechos de residencia de los ciudadanos de la UE no puede mantenerse si el ejercicio de cualquier profesión, no tiene recursos suficientes para no se convierta en una carga para el sistema de asistencia social y seguro médico.

Estas excepciones se las incluye como condiciones ...
 
La aplicación de estas excepciones al principio en sí está estrictamente controlado. No sólo un desalojo puede basarse en razones económicas, pero cualquier acción relativa a la libertad de circulación y de residencia debe respetar el principio de proporcionalidad y basarse exclusivamente en la conducta personal del interesado. La directiva también establece una serie de garantías procesales.
 
¿El retorno asistido llevado a cabo por Francia de 300 euros puede justificar la aplicación de las exenciones previstas por la legislación europea?
 
En cuanto al fondo, más allá de este principio, las decisiones políticas y expulsiones es probable que violen la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, que es vinculante desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Este texto establece el principio de no discriminación, protege los derechos de las minorías y prohíbe las expulsiones colectivas.
 
¿Qué significa el ejercicio del derecho francés?
 
En vista de las limitaciones en el principio de libre circulación y libre establecimiento, los rumanos y búlgaros pueden estar en una situación de estancia irregular en territorio francés y estarán sujetos a las órdenes de expulsión dictadas por la autoridad administrativa en virtud de el control del juez administrativo.
 
En primer lugar, la deportación de la prefectura (APRF) puede ser tomada si la medida está motivada por una amenaza al orden público o violación de la legislación laboral. Los ciudadanos de estos Estados miembros que están empleados en Francia tienen la obligación de poseer un permiso de residencia que les permitirá trabajar. A falta de los mismos, se encuentran en una situación irregular.
 
La obligación de abandonar el territorio francés (OQTF) se puede tomar, si la medida está motivada por la observación de que el derecho de estancia no puede mantenerse, sobre todo, estar inactivo, y que no tienen recursos suficientes para satisfacer sus necesidades y seguro médico.
 
La Comisión está preocupada por la falta de referencia explícita a la inclusión de datos personales bajo la ley de la UE cuando se trata de llevar a cabo cualquier desalojo forzoso. ¿Qué son los datos personales a tener en cuenta?
 
Antes de ejecutar una expulsión, el Estado miembro de acogida debe evaluar ciertos factores tales como la duración de la residencia de la persona, edad, salud, inclusión social, situación familiar en el país de vivienda y sus vínculos con el país de origen.
 
¿Qué diferencia un retorno voluntario, de un traslado a la frontera?
 
En primer lugar, en ambos casos, se trata de la expulsión administrativa. Sin embargo, no comparten exactamente el mismo régimen jurídico.
 
Un extranjero que se encuentre ilegalmente puede estar sujeto a una obligación de la deportación de las prefecturas. Pero, de acuerdo a las normas europeas, son preferibles los sistemas de incentivos para el retorno voluntario con un componente financiero. Por lo tanto, el regreso voluntario organizado es un programa de asistencia para el retorno al país de origen. Se trata de un extranjero que al que haya sido notificada la negativa de la estancia o la no renovación del permiso de residencia y que sea objeto de una invitación a abandonar el territorio francés (IQTF).

Este programa también puede conllevar que el extranjero que haya sido objeto de una decisión administrativa de expulsión, a menos que sea colocado en detención administrativa. Como se desprende de una ola de expulsión de los gitanos, el programa incluye ayuda financiera y material recibido por la Oficina Francesa para la Inmigración y la Integración (OFII), antes de la salida y el llegada al país de retorno.

Clémentine Forissier

Para leer la entrevista en francés:

http://www.euractiv.fr/beligh-nabli-principe-libre-circulation-prix-interview