La protección de patente en la Unión Europea (UE) la proporcionan en la actualidad las patentes nacionales concedidas por los Estados miembros o las patentes europeas concedidas por la Oficina Europea de Patentes (OEP) en el marco del Convenio sobre la Patente Europea (CPE). Toda patente europea concedida debe ser validada en los Estados miembros en los que se quiere obtener protección.

Para la validación de una patente europea en el territorio de un Estado miembro, la legislación nacional puede exigir, entre otras cosas, que el titular de la patente presente una traducción de la misma a una de las lenguas oficiales de ese Estado miembro. A fin de reducir los costes derivados de los requisitos de validación, los Estados contratantes del CPE adoptaron en 2000 el denominado «Acuerdo de Londres»1, que actualmente está en vigor en diez Estados miembros de la Unión. El Acuerdo de Londres es un sistema optativo y, por tanto, genera diferencias entre los regímenes de traducción aplicables en los Estados miembros de la Unión.

Diecisiete Estados miembros no se han adherido al Acuerdo de Londres y siguen requiriendo la traducción a su lengua oficial de la patente completa. Solo Francia, Alemania, Luxemburgo y el Reino Unido (todos ellos con una lengua oficial en común con una de las lenguas oficiales de la OEP) han decidido eximir completamente de los requisitos de traducción. Otros seis Estados miembros de la UE que han ratificado el Acuerdo de Londres (pero que no tienen una lengua común con la OEP) han aceptado renunciar parcialmente a los requisitos de traducción; con todo, siguen exigiendo la traducción de las reivindicaciones a su lengua oficial, y algunos exigen también la traducción al inglés de la descripción de las patentes concedidas en francés o alemán.

Por tanto, el sistema de patentes vigente en la Unión, sobre todo en lo que respecta a los requisitos de traducción, se caracteriza por sus elevados costes y por su gran complejidad.

Propuesta de patente comunitaria de la Comisión