La semana pasada, José Manuel-García Margallo, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, destapaba la caja de los truenos con su propuesta de agrupar en las embajadas españolas a los funcionarios de las oficinas autonómicas repartidos por 37 países. Aquí Europa ha hablado con muchos de los delegados de estas sedes en Bruselas. ¿Disparate? ¿Necesario? Hay opiniones para todos los gustos.

Recortes, austeridad, tijeretazo. Sin duda las palabras del momento en la actualidad española y que también tendrán su efecto en Nueva York, Berlín y Bruselas.

De momento es tan solo un ofrecimiento del Ministerio de Exteriores que todavía no se ha convertido en una versión formal. No obstante, algunos de los detalles ya generan mucha controversia. Tal y como informaron fuentes del Ministerio de Exteriores a este periódico el mismo día en el que se lanzó la propuesta, la medida tiene carácter voluntario, pero los Gobiernos autonómicos que no la acaten tendrán que explicar “por qué gastan más dinero utilizando una oficina propia si pueden utilizar los servicios de las embajadas”.

Según datos ofrecidos por el Gobierno, las comunidades autónomas tienen cerca de 200 oficinas en el exterior que, según estimaciones del Partido Popular, suponen un coste de unos 150 millones de euros. Pero no todas las oficinas son iguales.

¿Cómo funciona?

Por un lado encontramos las denominadas ‘embajadas’, formadas por las oficinas de representación institucional de los Gobiernos autonómicos en determinados países. La importancia de estas sedes reside en que adquieren competencias atribuidas en muchas ocasiones a la propia comunidad autónoma. Dada la localización estratégica de Bruselas, todas las autonomías españolas, salvo Castilla- La Mancha y Asturias, tienen una oficina de este tipo en la capital belga, a través de la cual desarrollan su tarea de representación ante la UE.

Las dos que no la tienen, ya decidieron colgar el cartel de ‘cerrado’ tras las pasadas elecciones autonómicas de mayo de 2011.

Por otra parte, las autonomías pueden disponer de oficinas comerciales, de turismo y misiones de cooperación al desarrollo, entre otras opciones, a lo largo de todo el mundo.

Las elevadas cifras sobre el número de oficinas y ‘embajadas’ que las comunidades poseen, hace que muchos se lleven las manos a la cabeza, pero no solo España sigue esta tendencia de representación regional fuera de sus fronteras.

Sólo en Bruselas existen más de 250 oficinas regionales de toda Europa, entre las que se encuentran incluso sedes de países que no se incluyen entre los Veintisiete, como es el caso de Croacia o Noruega.

¡No nos moverán!

En el pódium español encontramos a Cataluña con 48 oficinas por el mundo. La medalla de plata se la lleva Andalucía, con 23. Ambas se han manifestado abiertamente en contra de la iniciativa de García-Margallo, pero no son las únicas.

Cataluña

 Tan solo unas horas después de que el ministro anunciara la propuesta, Artur Mas, presidente de la Generalitat, advirtió de que continuará manteniendo su perfil propio en el extranjero, según él imprescindible para la promoción económica y cultural de Cataluña fuera de las fronteras españolas. Además de descartar la posibilidad de que su personal se instale en las embajadas españolas, Mas remarcó que la Generalitat sí colaborará pero no se “subsumirá” en el Estado para ejercer su política de acción exterior.

Se calcula que en 2012 Cataluña destinará 26,9 millones de euros para el mantenimiento de sus casi 50 oficinas y ‘embajadas’ en el extranjero, situándose en la cabeza de las comunidades que mayor presupuesto invierte en representación exterior. No obstante, la prensa nacional ha informado de que el Gobierno catalán también ha sacado la tijera, aprobando la semana pasada un plan de reestructuración de sus oficinas en el extranjero en aras a reducir costes. De momento, la única sacrificada según este plan ha sido la embajada catalana en la ciudad argentina de Buenos Aires.

País Vasco

En lo que respecta al País Vasco, la comunidad cuenta en estos momentos con cerca de 15 oficinas. Cinco de ellas son delegaciones oficiales que dependen directamente del departamento de Acción Exterior de la Lehendakaritza, entre las que se encuentra la de Bruselas. El resto, lo componen las sedes comerciales que dependen de la Agencia de desarrollo empresarial del Gobierno vasco.

Del futuro de la sede de la capital belga nos ha hablado su delegada Marta Marín Sánchez, quien ha querido aclarar que su oficina también es la Dirección de Asuntos Europeos, antes localizada en Vitoria. “La propuesta que hace el Ministerio de Asuntos Exteriores es interesante y podría ser examinada para otras de delegaciones en el extranjero, pero no para la de Bruselas”. ¿Por qué? Según ella, el nivel competencial que tiene Euskadi hace fundamental mantener la presencia en la capital de Europa. “Se han llevado a cabo cambios internos para que no hayan duplicidades”, ha asegurado.

En cuanto al ahorro de costes al que en principio generaría la agrupación de los funcionarios regionales en las embajadas españolas, Marín señaló que la delegación del País Vasco en Bruselas “está ya amortizada y es totalmente eficiente”.

Andalucía

Andalucía es la segunda comunidad con mayor número de oficinas en el extranjero, contando con un total de 23 centros. José Antonio Griñán, presidente andaluz, ha decidido seguir los pasos de Mas y conservar sus centros fuera de España. De la amplia veintena de oficinas andaluzas, las de Madrid y Bruselas son delegaciones diplomáticas adscritas a la Consejería de Presidencia.

Nicolás Cuesta, delegado de la Junta de Andalucía en Bruselas, no ha querido desdecir ni un ápice la postura de Griñán y se ha apoyado en sus declaraciones, manteniendo “lo dicho por el presidente en los medios”, ha asegurado a Aquí Europa.

Canarias

A pesar de que Paulino Rivero, presidente del Gobierno de Canarias, ha valorado de forma positiva la propuesta del ministro de Exteriores, ha aconsejado mantener su representación exterior, siguiendo las peculiaridades que, según él, caracterizan su comunidad y es necesario defender.

Canarias cuenta con tres oficinas situadas en Madrid, Caracas y Bruselas. Aquí Europa ha conversado con el director de la última de ellas, José Miguel Luengo, que al igual que Rivero, defiende a capa y espada la permanencia de las tres. Considera como un “disparate logístico” la idea de agrupar a los funcionarios de cada una de las oficinas en la Representación Permanente de España ante la UE. “¿Quién les va a pagar?, ¿de quién van a depender?, dudo mucho de la eficacia de esta medida”, afirmó.

Luengo aseguró que el Gobierno de Canarias tiene asignado su presupuesto para las oficinas en el exterior que se aplica con “toda la eficiencia posible” y que además no está exento de recortes, puesto que “se ha visto reducido en más de un 40%”.

“Lo que no se puede hacer es meter a todas las comunidades en el mismo saco. Cataluña tiene más de 30 oficinas y Andalucía 23. Cada comunidad que explique su situación, considero que Canarias dispone de las tres indispensables”, sentenció.

Bienvenida al ahorro

Otras comunidades han acogido con los brazos abiertos la propuesta, alegando que en épocas de vacas flacas es necesario que aumentar los esfuerzos por reducir gastos.

Cantabria

El Gobierno de Cantabria fue uno de los primeros, junto al de La Rioja, en apoyar la propuesta del ministro García-Margallo. Su consejero de Innovación, Turismo y Comercio, Eduardo Arasti, manifestó que esta iniciativa  “puede servir para crear sinergias y hacer las cosas más sencillas, además de ahorrar costes en la labor de promoción de la comunidad en el exterior”, según informó la prensa nacional.

No obstante, Inmaculada Valencia, directora de la oficina del Gobierno de Cantabria en la capital belga, ha destacado la importancia de la existencia en este momento de oficinas de representación regional en el corazón de Europa: “Estamos ante un periodo de negociación de los futuros fondos y programas comunitarios, un momento en el que el papel de la política regional no es el que era en España. Nuestro acceso a estos mecanismos de financiación europeos no sería el mismo sin una presencia de las autonomías Bruselas”.

La Rioja

Asimismo, según ha informado la prensa nacional, el Ejecutivo riojano de Pedro Sanz ya le ha transmitido al ministro por conversación telefónica su conformidad con integrar a Marta Romo, delegada que trabaja en la oficina de Bruselas, dentro la Embajada española. Romo, por su parte, ha asegurado estar dispuesta a “colaborar con todo lo que pida el consejero”.

Castilla y León

Castilla y León se une al grupo de las más conformes con la propuesta lanzada desde el Gobierno central. Así lo señaló José Antonio de Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta en rueda de prensa. “Nos parece adecuado, sensato y oportuno”, añadió. De Santiago-Juárez dejó claro que Castilla y León “no tiene ninguna embajada en el exterior”, sino únicamente una delegación permanente en Bruselas y una red de agentes comerciales compuesta por “becarios de Excal”, la rama dedicada al mundo de las exportaciones dependiente de la Junta.

El portavoz añadió que su Gobierno va a dirigirse próximamente al ministro García-Margallo para informarle exhaustivamente del personal regional que trabaja en el exterior, que consta de un total de seis empleados en Bruselas y 31 dependientes de Excal. No obstante, quiso subrayar que la cuantía del ahorro no va a ser muy elevada, ya que la Junta solo paga los alquileres de la sede de Bruselas y de “siete despachitos” de los agentes comerciales.

Saray Maestro, jefa de prensa de la Junta, ha confirmado a Aquí Europa la positiva del Gobierno castellanoleonés a la propuesta, por la que la delegación de Bruselas quedaría incluida dentro de la Embajada de España. De la misma manera, los becarios de Excal localizados en diferentes puntos del mundo serían acoplados en las diferentes Representaciones Permanentes del país ibérico. “Lo que la Junta va a hacer ahora es hablar con el ministro para que presente formalmente su propuesta e indique las posibilidades; a partir de ahí el proceso será rápido”, ha declarado Maestro.

Región de Murcia

Por su parte, la Región de Murcia ha asegurado que sus 27 oficinas comerciales en el extranjero suponen “un coste cero para la Administración”. Lo ha hecho a través de un comunicado emitido el pasado 3 de enero en el que su presidente, José Ballesta, asegura que esto es posible “gracias a fórmulas y políticas de internacionalización diseñadas de manera conjunta por el Gobierno regional y las cámaras de Comercio”.

La sede en Bruselas sigue la directriz del documento y sostiene que las encargadas de sufragar los costes de los servicios prestados son las propias empresas que contratan sus servicios. Todo apunta a que hasta el pasado mes de abril, el 50% de estos gastos sí que eran financiados por el Instituto de Fomento de la región, así como por las Cámaras de Comercio. No obstante, Ballesta ha dejado claro que “esta línea de financiación ha quedado suspendida y eliminada del plan”.

Extremadura

El Gobierno de Extremadura ve “con buenos ojos” la propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores, aunque mantendrán las dos oficinas con que cuenta en el exterior, en Bruselas y Lisboa, “por motivos de importancia para la región”, si bien les asignará un menor presupuesto.

No sabe, no contesta

Ciertas autonomías son más prudentes y no se han pronunciado en profundidad acerca de la posible futura reforma.

Navarra

Una de ellas, la Comunidad Foral de Navarra, se ha limitado a informar de que la región únicamente cuenta con una oficina en el extranjero, ubicada en Bélgica, por el importante trabajo que debe hacerse en Bruselas de cara a las instituciones de la UE.

María Lozano, delegada de la oficina del Gobierno navarro en la capital europea, se ha pronunciado con la misma cautela, asegurando a este periódico que “se hará un valoración cuando el ministro ofrezca una propuesta formal, que se estudiará en profundidad”, por parte de su autonomía.

El Plan Internacional que Navarra elaboró para el periodo 2008-2011 ya contó entre sus puntos esenciales con medidas de establecimiento de alianzas con algunas instituciones y organismos como embajadas, consulados y la escuela de negocios ESIC, entre otros.

Baleares

Aquí Europa también ha podido hablar con Estaban Mas, delegado del centro que la comunidad de las Islas Baleares tiene en Bruselas. Mas subrayado que su comunidad “solo tiene una representación” en el extranjero compuesta de un trabajador más “conformado por becarios” a parte de su puesto de delegado, “con lo que no tiene ningún coste para la comunidad”, ha explicado.

Según él, la solución de agrupar a los funcionarios de estas oficinas en las embajadas españolas alrededor del mundo no pasa de ser algo utópico en el caso de Bruselas. “En estos momento la Representación Permanente de España ante la UE, que es el lugar que nos correspondería, no dispone del espacio suficiente para poder albergar a tantos trabajadores”, ha advertido en delegado balear. Pero, ¿y si se acondiciona un lugar especial para agruparlos? “Si eso sucede, así lo haremos”, ha confirmado Mas.

Galicia

Galicia se sitúa en la línea de la imparcialidad sin pronunciarse en profundidad. La Xunta ha decidido no ofrecer su postura hasta que no se conozcan los detalles del planteamiento de García-Margallo. En declaraciones vertidas en El Correro Gallego, Jesús Gamallo, director general de Relaciones Exteriores de la Xunta, ha valorado como “interesante” la propuesta del Ministerio, pero ha añadido que es necesario “conocerla al detalle”.

Lo cierto es que la iniciativa no ha cogido a Galicia por sorpresa. Según afirma el mismo diario, el pasado mes de diciembre la Fundación Galicia Europa (FGE) convocó a todas las autonomías con sede en la capital belga para estudiar futuras posibilidades de ahorro. Esta idea seguía ya a una política de racionalización en el que, según subrayó Gamallo, el ahorro “está al límite, salvo que se deje de pagar la luz”. Bruselas no ha sido menos y también ha sufrido estos recortes, entre los que se han encontrado reducciones de plantilla y rebajas salariales.

Fuente: Aquí Europa