Como dos leones en la sabana africana, el Ejecutivo comunitario y el Consejo Europeo luchan por mostrar su fuerza en el complejo equilibrio institucional de la UE. Prueba de ello es la lucha por el poder de iniciativa que enfrenta a ambas instituciones en la reforma de la gobernanza económica de la Unión.
Herman van Rompuy, presidente del Consejo Europeo, coordina el grupo especial para el gobierno económico de la UE, creado en marzo a raíz de la crisis de la Eurozona.
Esta formación está compuesta por los ministros de Finanzas de la UE, por el presidente del Banco Central Europeo (BCE) y también cuenta con la presencia de la Comisión. Su objetivo es hacer propuestas para mejorar la disciplina presupuestaria de los Estados miembros, que ha quedado en evidencia tras la crisis de deuda desatada en Grecia a principios de año, extendida como un virus fulminante a otros países de la zona euro, entre ellos España.
Si uno se para a pensar un poco, es fácil llegar a la conclusión de que la misión de este grupo especial -que aunque cuenta con la presencia del Ejecutivo comunitario, está liderado por los Veintisiete- puede chocar con las competencias de la Comisión Europea, que tiene el poder de iniciativa, es decir, de proponer reglamentos y directivas que luego deben ser aprobados por el Consejo y la Eurocámara.
Este solapamiento ya está quedando patente. La task force, que así es como se conoce al equipo dirigido por Van Rompuy, va a presentar en octubre sus conclusiones. Mientras tanto, la Comisión planea presentar el 29 de septiembre sus propias propuestas sobre el mismo asunto. Dos entes están preparando, cada una por su cuenta, iniciativas para una cuestión común, lo que puede dar lugar a resultados chirriantes.
La madre del cordero es la discusión sobre las sanciones para los países con demasiado déficit. Sobre esta cuestión todavía no hay ningún consenso entre los Estados miembros. Mientras tanto, la Comisión aboga por introducir castigos nuevos, como cortar el flujo de fondos estructurales a los países con demasiado déficit, a lo que se opone la mayoría de los Gobiernos, entre ellos el español.
A pesar de esta falta de acuerdo, el Ejecutivo comunitario, para dejar claro su poder, va a presentar a finales de mes sus propuestas -una directiva y cinco reglamentos- que incluirán un recital de nuevas sanciones, entre las que previsiblemente estarán los fondos estructurales.
Fuentes del Consejo consideran que el Ejecutivo comunitario debería esperar a que el grupo especial de la gobernanza económica presente sus conclusiones. Afirman que de este modo Bruselas sabría por dónde van los tiros en el Consejo Europeo, y así podría presentar propuestas aceptables para los Veintisiete, a quienes corresponde darles el visto bueno, junto a la Eurocámara. De este modo, el proceso de aprobación de las nuevas normativas sería más rápido y eficaz.
También en las relaciones exteriores
El Consejo Europeo también va a extender sus tentáculos a la política exterior de la UE. Los jefes de Estado y de Gobierno, reunidos ayer en Bruselas, acordaron que a partir de ahora serán ellos los responsables de definir las líneas maestras de las relaciones de la Unión con el resto del mundo.
Para llevar a cabo esta tarea, que hasta la fecha correspondía a los ministros de Exteriores reunidos en Consejo, organizarán reuniones regulares para fraguar sus estrategias. Las Cumbres de la UE con el exterior también irán precedidas por una reunión entre los máximos mandatarios de los Estados miembros, para fijar objetivos comunes y ajustar la política exterior común a las relaciones bilaterales de cada Gobierno.
Así, los jefes de Estado y de Gobierno, coordinados por un astuto Van Rompuy, marcan también su territorio frente a Catherine Ashton, vicepresidenta de la Comisión y Alta Representante de Exteriores de la UE.
Análisis de Mireya Juste, Redactora Jefe de Aquí Europa.